A pesar de la vasta tala de manglares para darle paso a granjas camaroneras y la opresión de comunidades recolectoras y pescadoras, la industria accede a certificaciones que no solo le facilita la entrada a mercados extranjeros sino que invisibiliza una historia de violencia contra los pueblos de los manglares.
El camarón cultivado en cautiverio está considerado como producto estratégico dentro del plan nacional productivo del Gobierno de Ecuador. Esta industria era una actividad ilegal hasta 2008, cuando el gobierno inicia un proceso de regularización, entregando miles de hectáreas de manglares prácticamente en propiedad a los empresarios camaroneros. Este impulso posibilitó que en 2019 las exportaciones de camarón industrial sean el segundo rubro de ingreso de exportaciones, después del petróleo, en el Ecuador.
Está comprobado que la instalación de grandes granjas camaroneras ocasiona una profunda destrucción de los bosques de mangle y la violación de derechos de comunidades recolectoras y pescadoras de los estuarios de manglar, incluyendo su desplazamiento violento.
La Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM) elaboró en 2007 el informe Certificando la Destrucción (1), en el cual se denunciaron una serie de violaciones sobre las cuales se basa la acuacultura industrial del camarón. El informe evidencia la destrucción de manglares entre 1969–1999 por la instalación de piscinas o granjas camaroneras. Para 2018 se encuentran 1481 empresas camaroneras, extendidas entre 230 mil y 260 mil hectáreas. La destrucción continúa hasta la actualidad y las descargas de aguas contaminadas no han cesado, según lo confirman los testimonios de recolectores y pescadores de los estuarios del manglar, obtenidos en el Golfo de Guayas en 2019 y en las provincias Esmeraldas y Manabí en 2020.
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Mapa comparativo entre manglares (verde) y camaroneras en manglares (rojo) 1969 / 2017. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) / C-CONDEM[/caption]
Desde el 2000, esta industria ha buscado nuevos nichos de mercado a través de certificaciones orgánicas, como la alemana Nathurland, que desarrolla estándares para camarones orgánicos con destino al mercado europeo. A pesar de estar comprobada la tala de manglares para la instalación de granjas camaroneras y la violación de derechos de las comunidades recolectoras y pescadoras, productores orgánicos fueron aprobados en Ecuador en 2002. Hoy la industria accede a por lo menos 9 certificaciones que supuestamente garantizan procesos productivos ambiental y socialmente ‘responsables’.
La regularización de la industria del camarón: una sentencia de muerte para los bosques de mangle
Hasta el 2008 la industria camaronera se desarrolló sin permisos de instalación o funcionamiento, sin ninguna figura de arrendamiento o propiedad sobre los territorios ocupados y sin ningún tipo de control sobre el uso del agua y las descargas de desechos. Existía, además, un reconocimiento público de que dicha industria se asentó destruyendo amplias zonas de manglar.
En 2008, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, emite el Decreto Ejecutivo 1391 de ‘regularización’ de la acuacultura industrial del camarón, con el argumento de ordenar la actividad y generar ingresos para el Estado. Políticas agresivas de inversión, grandes incentivos económicos, y la certificación de una producción supuestamente ‘sostenible’, fortalecieron la exportación del camarón.
Así, de un plumazo se desechó la legislación que históricamente debía proteger a los bosques de mangle y los derechos de las comunidades, legalizando la impunidad. Los plazos de regularización fueron ampliados por, al menos, cinco años después del plazo establecido y se fueron flexibilizando las exigencias, adecuándose a las demandas del sector.
Detrás de este proceso de regularización, miles de hectáreas de manglar ocupadas ilegalmente por varias décadas, por empresas de acuacultura industrial del camarón, fueron entregadas en propiedad a las mismas empresas infractoras. Esta regularización también esconde una larga historia de violación a los pueblos de los manglares, que queda impune y hasta santificada, pues la imagen que despliega el gobierno es que esta es una industria que cumple con estándares ambientales y sociales y aporta a la economía del país.
Incluso el requisito de reforestación que incluyó el Decreto para el acceso al proceso de regularización no está siendo acatado. El Decreto señala que cuando una empresa ocupa de 1 a 10 hectáreas se debe reforestar el 10% con mangles, de 11 a 50 hectáreas, el 20%, de 51 a 250 hectáreas, el 30%.
Comuneros dieron testimonio de que las empresas buscaron lugares fuera del área de sus piscinas para realizar la supuesta reforestación de bosques de mangle. Algunas empresas incluso compraron áreas de manglar que se habían reforestado comunitariamente dentro de distintos proyectos.
En 2017 se aprueba el Código Orgánico del Ambiente del Ecuador, el cual ratifica que el manglar es un bien del Estado, por lo tanto: un bien común, fuera de cualquier tipo de posesión o apropiación. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que la autoridad pesquera entregue ‘concesiones’, que es la forma cómo se ha privatizado históricamente este territorio.
En 2019, Federico Koeller, activista de la defensa del bosque de mangle de la fundación Cerro Verde de la ciudad de Guayaquil, indica que la tala y la ampliación de piscinas camaroneras no había parado dentro del Golfo de Guayas: “…hemos denunciado varias talas de manglar dentro del Golfo en los últimos años, pero no hay respuesta de las autoridades (…) las autoridades hacen inspecciones conjuntamente con las organizaciones, pero nunca llega un informe y peor una sanción.” Las comunidades de recolectores y pescadores son ahuyentadas por un solapado sistema de miedo, que trata de inculparlos o, al menos, insinuar que son sospechosos de los robos a las camaroneras.
Las piscinas en el Golfo de Guayas cuentan con guardias armados, contratados a través de empresas de seguridad. En 2012, se emitieron permisos para que el sector de la acuacultura del camarón porte armas de fuego, “como parte del plan de seguridad para evitar robos y asaltos”, afirmaban los funcionarios. En este contexto, los recolectores y pescadores enfrentan una situación de violencia más dura, “ahora se creen dueños de los manglares, nos muestran papeles que dicen que son sus títulos de propiedad y tienen el apoyo del gobierno que les pone a disposición militares y marinos para que hagan los controles...” comentan comuneros del Golfo en 2019.
Es necesario entender las condiciones de violencia en estas zonas, en un contexto de sistemático despojo de los territorios de las comunidades recolectoras y pescadoras, y por lo tanto de pérdida de ingresos y del sustento alimentario de estas poblaciones. Las condiciones de empobrecimiento de quienes viven en los alrededores de las piscinas, aún de las que cuentan con certificaciones, son las mismas que hace una década. En el cantón Guayaquil, por ejemplo, ubicado en la provincia del Guayas, donde se asienta la mayor producción de la industria, los niveles de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas son del 47%.
No obstante, las empresas camaroneras reciben créditos y subsidios por parte de la banca pública nacional y de bancos internacionales como la Corporación Financiera Internacional (CFI), agencia del Banco Mundial para el sector privado, para impulsar su actividad depredadora. La industria se beneficia además de un seguro especial para el sector, de programas de electrificación subvencionados por el Estado y de exoneración de impuestos.
A esto hay que añadirle la permanente promoción para abrir sus mercados. Desde 2014, Ecuador y la Unión Europea negocian un acuerdo comercial que beneficia a esta industria con mejor acceso a los mercados europeos. Y en 2016, Ecuador se suscribe al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, donde se ratifican preferencias arancelarias, entre otras, para la exportación de camarón producido en piscinas.
El principal argumento para entregarle grandes beneficios a esta industria es la generación de empleo. La actual extensión de piscinas industriales de camarón es de 250 mil hectáreas. Comparando esta cifra con la de generación total de empleo del sector, la proporción sería de 1 puesto de trabajo por cada hectárea ocupada, muy por debajo de lo que representa una hectárea de manglar para las familias de los estuarios. Un trabajador en el Golfo de Guayas dijo en 2019, “Trabajamos tres personas en esta camaronera, el bombero, el administrador y el guardia, el sueldo promedio de cada uno es de 400 USD, pero es un trabajo de 24 horas, no tenemos contrato y en cualquier momento somos despedidos.”
En las empresas empacadoras generalmente se contrata mujeres para la descabezada y limpieza del camarón. “Una mujer puede ganar hasta doce dólares en unas cuatro horas, si llega a pelar cien o ciento veinte libras de camarón, ya que pagan 0.10 centavos por cada libra. El trabajo es en cada aguaje, o sea, cada ocho días se puede conseguir medio día de trabajo, depende de si hay cosecha, depende de si se alcanza porque hay muchas mujeres que ofertan su mano de obra”, testimonio de mujeres recolectoras y pescadoras de la zona de Puerto Bolívar, provincia El Oro, 2019.
El maquillaje de la certificación: la empresa Omarsa
Desde el 2000, las certificadoras de camarón empiezan un proceso de consolidación. Actualmente se han podido identificar al menos 9 certificadoras a la acuacultura industrial del camarón en el Ecuador. (2)
Entre 2008–2018, una de las empresas más grandes de sector, Omarsa, se acogió a la regularización que impulsó el gobierno. La ‘regularización’ le permite, entre otras cosas, acceder a certificaciones. Omarsa ha logrado acceder a 8 certificaciones.
Ubicada en la provincia de Guayas, de propiedad de la familia Banoni, hoy cuenta con 3735 hectáreas de piscinas y controla la cadena de producción, transformación y comercialización nacional e internacional de su producto.
En su página web, la empresa indica que ha reforestado 98 hectáreas de bosque de mangle, lo que significa el 3.3% de la ocupación total de sus piscinas, en lugar del 30% que exige el Decreto. Con sus 3375 hectáreas debería haber recuperado al menos 1000 hectáreas de manglar.
Omarsa a su vez indica que genera 6391 puestos de trabajo en toda la cadena de producción, es decir, desde el cultivo hasta la exportación. Pareciera un número grande, pero si se relaciona esta cifra con el número de hectáreas de manglar ocupadas por la empresa, se determina que la generación de puestos de trabajo es tan solo de 1.71 por cada hectárea ocupada.
En cuanto a su producción ‘ambientalmente sustentable’, esta empresa indica el no uso de químicos para el cultivo y crianza del crustáceo. Pero no informa sobre otros datos como, por ejemplo:
- El manejo de agua: no se conoce si se le hace tratamiento o análisis de calidad antes de devolverla de las piscinas a los estuarios.
- La reforestación de 98 hectáreas: no indica ningún manejo integrado, enfocado a la restauración del sistema de mangle que implica la reproducción de la biodiversidad, la calidad de dinámicas hídricas, la descontaminación del sustrato, entre otros.
- La alimentación a base de harina de pescado: peces pelágicos, de valor alimentario para las comunidades de recolectores y pescadores, terminan convirtiéndose en toneladas de harina para la industria del camarón.
En cuanto a la responsabilidad social, la empresa señala tres proyectos, que por lo que se infiere en su página web, son proyectos financiados con aportes externos (donaciones): Agua para la comunidad: sobre un tanque para extraer agua subterránea de pozo en la comunidad El Zapote, beneficiando a 100 habitantes. También entregan agua a la comunidad Cerrito de los Moreños, ubicada en el Gofo de Guayas, beneficiando a 600 habitantes; Taller de costura: ubicado en un barrio cercano a su planta procesadora en la provincia de Guayas. La meta de este proyecto es capacitar a 25 mujeres; y Reconstrucción de viviendas: se busca reconstruir las casas de 25 trabajadores en total, a quienes se considera que están en peor situación socio-económica.
El acceso al agua y a la vivienda son deberes que el estado debería garantizar por el bienestar de sus pobladores. Al no cumplirse, las empresas aprovechan esta situación de precariedad, pretendiendo mejorar su imagen y quitar la atención de los reales impactos que su actividad industrial implica.
Doce comuneros entrevistados en el Golfo de Guayas a fines de 2019, indicaron no conocer los proyectos de responsabilidad ambiental y social de la empresa. No se pudo identificar ningún comunero que haya participado de la reforestación de mangle dentro de las áreas de concesión de la empresa. Dos pobladores de la comuna Cerrito de los Morreños ratificaron que la empresa “les regala agua cuando pasan agua para las piscinas.” Ninguna persona con la que se habló conoce cómo se dio el proceso de certificación, y menos aún las certificadoras y sus estándares. Esto evidencia la falta absoluta de participación de las comunidades afectadas en este proceso.
Este es el marco en el que la empresa Omarsa accede a 8 certificaciones, entre ellas, la de El Consejo de Administración de la Acuicultura (ASC), iniciada por la ONG WWF, la cual a su vez promovió los denominados Diálogos de Acuicultura desde 2004.
Al contrastar los estándares de la certificadora con la realidad que se vive alrededor de las piscinas de camarón en Ecuador, de permanente violación de derechos humanos y de la naturaleza, que se solapan detrás de una aparente ‘legalidad’, se vuelve necesario evidenciar el tipo de maquillaje que estas certificadoras le brindan a una industria depredadora. Las empresas certificadas se traslapan en el discurso de la ‘sostenibilidad’ sin considerar que sobre el sistema biodiverso del manglar, devastado en más del 70%, es imposible que un monocultivo industrial aporte a su recuperación integral.
Para más información ver el informe de C-Condem, “Cómo la certificación ambiental y social encumbre la violación de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador”, agosto de 2020.
Marianeli Torres Benavides,
Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM), Ecuador
(1) Certificando la Destrucción, C-Condem, 2017, LINK
(2) Las empresas certificadoras en Ecuador son: ASC - Aquaculture Stewardship Council (Consejo de Administración de Acuicultura); MSC – Marine Stewardship Council (Consejo de Administración Marina); BEST Aquaculture Practices; BRC Global Standard; Control Union Certifications - Certificado Producción Orgánica Unión Europea; SQF - Safe Quality Food; Naturland; Global Gap; BCK Kosher Certification.