El madereo descontrolado en el estado de Sarawak, en Malasia, ha sido motivo de gran preocupación para los ambientalistas desde mediados de la década del 80. El tema cobró importancia internacional en 1987, cuando a los indígenas Dayak se les agotó la paciencia después de décadas de haber reclamado infructuosamente el reconocimiento de sus derechos a la tierra. Los Dayak erigieron barricadas a lo largo de los caminos de la compañía maderera para impedir la destrucción de sus bosques. Cuando el gobierno reaccionó con arrestos en masa, la detención de activistas sin cargo ni juicio y recurriendo a las leyes de seguridad coloniales, se organizaron campañas internacionales de solidaridad con los Dayak. Con ello se logró que la destrucción de los bosques de Borneo pasara a tener un destaque internacional, sólo superado por el de la Amazonía. Las evaluaciones técnicas de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial confirmaron los índices insustentables de explotación de maderas tropicales en el estado. La ITTO recomendó un nivel sustancialmente menor de extracción y la suspensión del madereo en las zonas en disputa, en tanto que el Banco Mundial recomendó la adopción de medidas para reconocer los derechos a la tierra de los indígenas. No obstante, debido a la corrupción en gran escala, esas recomendaciones fueron prácticamente ignoradas por completo por los gobiernos de Sarawak y Malasia.
Sin embargo, a partir de las recomendaciones de la ITTO, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), elaboró un proyecto de asistencia técnica con una de las mayores empresas de madereo del estado, para realizar actividades experimentales de corta de madera de bajo impacto. El proyecto fue sumamente criticado por organizaciones no gubernamentales, tanto locales como europeas, preocupadas por los posibles impactos sobre los pueblos indígenas Penan, Kenyah y Kelabit, quienes habitan en la zona del proyecto. Las críticas al proyecto, en su concepción original, apuntaban a que se trataba de una actividad técnica de madereo que tendría graves repercusiones en los bosques tropicales primarios y que no priorizaba las necesidades y derechos de los pueblos indígenas. Sus principales motivos de preocupación eran:
- No se contemplaron medidas para reconocer los derechos a la tierra de los Pueblos Indígenas, aún cuando las comunidades indígenas actualmente transitan instancias judiciales para lograr el reconocimiento de sus derechos en la zona.
- Si bien casi la totalidad de la zona del proyecto entra dentro de los territorios de agricultura, caza y recolección de las comunidades, el personal de GTZ desestimó las reclamaciones de tierra de los Dayak por considerarlas “excesivas” e “irrealizables”, antes siquiera de investigar cómo las comunidades efectivamente utilizan esas zonas.
- La participación indígena en la planificación y puesta en marcha del proyecto llegó demasiado tarde. Esto significa que las comunidades tienen que ajustarse a un plan preconcebido o bien rechazar el proyecto. Como consecuencia de esto, muchos han rechazado el proyecto.
- En lugar de partir del uso que los indígenas dan a la tierra, así como del conocimiento que de ella tienen, para elaborar un programa de ordenamiento forestal social y ambientalmente amigable, el proyecto pretende someter la zona al madereo, a la vez que alienta a los pueblos indígenas a dedicarse a la agricultura intensiva en los bordes de sus territorios. Ninguna de ambas prácticas tiene posibilidades de ser sustentable.
- La negación de los derechos a la tierra de los indígenas, la falta de consultas efectivas con las comunidades afectadas y la realización de actividades de madereo en los bosques primarios, implican una violación por parte del proyecto, de las directrices del Ministerio Alemán de Asistencia al Desarrollo en materia de bosques tropicales y de pueblos que habitan los mismos.
- Si bien el objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de madereo que pueda ser “certificado”, el mismo viola los Principios 2&3 del Consejo de Manejo Forestal (FSC), que requiere el reconocimiento tanto de los derechos jurídicos como consuetudinarios de los pueblos indígenas y de su derecho a que los mismos estén legalmente establecidos.
Después de una enérgica correspondencia durante la cual la GTZ intentó en un principio negar esos problemas, entró finalmente en un diálogo más constructivo con las ONG y a fines de 1999 envió a un consultor independiente a la zona, para evaluar el componente socioeconómico. El informe del consultor adhiere sustancialmente a la posición de las ONG y recomienda medidas para enfrentar los principales problemas que se habían planteado. El gobierno de Sarawak y la empresa Samling Timbers se mostraron reticentes a aceptar el proyecto revisado y a principios del 2000 GTZ decidió retirarse del proyecto FOMISS después que sus contrapartes de Malasia se negaron a modificar el proyecto de forma que atendiera las inquietudes de los Dayak.
Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme/WRM, Oficina del Norte;