Los bosques de Papúa Nueva Guinea (PNG) tienen importancia global, constituyendo uno de últimos y más importantes bosques tropicales primarios en el mundo. Con sólo un 1% de la masa terrestre del planeta se estima que PNG posee entre el 5 y 8 % de la biodiversidad global y que el 75% de su bosque primario permanece todavía en pie.
Una serie de medidas que se tomaron durante los años 1996 y 97 parecían mostrar el deseo del gobierno de controlar las actividades de los “barones del robo”, nombre dado a los integrantes de la industria maderera. Esta situación no duró mucho. Durante los dos años siguientes, la fuerte presión de los industriales, unida a la crisis económica del país, llevó al gobierno a iniciar un proceso de reactivación de la industria maderera.
Este proceso incluyó la eliminación de las tasas de exportación de rolos y de inspección y monitoreo, la concesión de vastas áreas de corte a empresas extranjeras y el desmantelamiento del Servicio Forestal. Estas medidas obviamente favorecieron a la industria forestal aunque beneficiaron muy poco al país y además generaron graves problemas sociales y ambientales (ver Boletín 22 del WRM).
En diciembre de 1999, ONGs ambientalistas nacionales e internacionales, como así también pequeños operadores locales de aserraderos, recibieron con gran entusiasmo un anuncio hecho por el Primer Ministro Mekere Morauta sobre la intención del gobierno de imponer una moratoria a las nuevas operaciones de madereo y de reexaminar las concesiones existentes que habían sido adjudicadas en forma irregular.
Sin embargo, esta moratoria, que podría haber permitido que un país rico en bosques como PNG cambiara el curso de la industria forestal de tal forma que proveyera un máximo de beneficios económicos, sociales y ambientales, nunca fue implementada y fue completamente ignorada por las compañías madereras durante el año 2000 (ver Boletines 32 y 41 del WRM).
El programa "Dateline" de la cadena de televisión australiana SBS produjo un documental sobre el fraude, la incompetencia, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos por parte de las compañías madereras transnacionales en Papúa Nueva Guinea. La respuesta de la Junta Nacional de Bosques fue acusar al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), al Eco-Forestry Forum y a otras ONGs de ser "títeres" de países extranjeros y del ¡Banco Mundial!
Es interesante notar que este ataque al Banco Mundial ocurre mientras que en el Banco todavía se llevaba a cabo el proceso de “revisión de la implementación de su política y desarrollo de su estrategia sobre bosques” (FPIRS por su sigla en inglés), donde una de las grandes preocupaciones se centraba en saber si la estrategia futura del Banco mantendría o eliminaría la prohibición de financiar operaciones forestales en bosques tropicales húmedos primarios. Ahora la situación parece haber cambiado y es el Banco Mundial el que aparece como un “títere” en las manos de la industria forestal.
Tan pronto como finalizó el largo y costoso proceso de consulta del Banco sobre su futura estrategia, más de 80 ONGs escribieron al Banco Mundial y expresaron su preocupación por el secreto que rodeaba a lo que debiera haber sido un borrador público de la nueva política. Lo que acaba de ocurrir en PNG parece probar que aquellas ONGs estaban en lo cierto al sospechar de que algo iba en la dirección equivocada. De acuerdo con información recibida de Glen Barry, el Banco Mundial ha anunciado recientemente que no requerirá del gobierno que mantenga la moratoria para recibir préstamos. De acuerdo con la misma fuente, el Banco Mundial también ha confirmado que ha abandonado su apoyo al desarrollo de políticas de promoción del manejo ecológico y comunitario de bosques. Si ésta es una prueba de la nueva política forestal del Banco Mundial, entonces es tiempo de iniciar campañas en su contra otra vez más.
Artículo basado en información obtenida de: “Worldwide Rainforest Conservation Network Slams World Bank's Papua New Guinea Program”, 1 de julio, 2001, Glen Barry,