En 1990, el estado peruano estableció la Reserva Kugapakori/Nahua para proteger las vidas, derechos y territorios de los pueblos indígenas del sudeste de Perú, evitando o limitando estrictamente su contacto con la sociedad nacional. A pesar de que en el papel se establece la protección de esos territorios, desde su creación, la Reserva ha estado continuamente amenazada por el madereo ilegal y hace dos años fue abierta a la extracción de gas natural como parte de proyecto gasífero Camisea (ver “Proyecto gasífero de Camisea perjudica derechos de pueblos indígenas” boletín nº 62 del WRM, setiembre de 2002). Enfrentados a estas amenazas, algunos de los habitantes de la Reserva que habían hecho contacto con personas ajenas a la misma, comenzaron a expresar sus propias opiniones sobre la Reserva y su incapacidad para proteger sus territorios y sus derechos.
Para resolver estos problemas, un grupo de ONGs peruanas y federaciones indígenas formaron un comité para defender y fortalecer la Reserva, tanto a nivel jurídico como en el plano de la lucha concreta. Para el Comité era evidente que bajo la forma adoptada por la Reserva no se estaba impidiendo su explotación por parte de personas ajenas a ella, ni se atendían las necesidades de sus habitantes. El desafío era cómo tomar en cuenta las necesidades y los intereses diversos de todos sus habitantes, incluso aquellos que evitaban todo contacto, y traducirlos en conceptos jurídicos y recomendaciones prácticas. Se tenía la esperanza de que las propuestas sirvieran como modelo para elaborar leyes y políticas de protección de los derechos de los pueblos indígenas que viven en aislamiento; no solo dentro de la Reserva Kugapakori/Nahua sino en todo Perú.
Después de 18 meses de trabajo de campo y análisis legal, el trabajo del Comité está llegando a su fin y en noviembre de 2004 se presentarán las propuestas a las autoridades del estado peruano. Este artículo reseña brevemente los problemas que enfrentó el Comité y cómo ha intentado superarlos. Es de esperar que los procesos, metodologías y términos de referencia desarrollados durante este proceso puedan servir a otras instituciones que aspiren a elaborar políticas en apoyo de los pueblos indígenas en aislamiento en América Latina y más allá.
Hasta 1984, los Nahua, un pueblo indígena de habla panoana, vivían en las cabeceras de las cuencas de los ríos Purus, Manu y Mishagua en el sudeste de Perú, evitando todo contacto directo con personas ajenas y atacando a cualquiera que ingresara a su territorio. En abril de 1984, su aislamiento terminó cuando cuatro Nahua fueron capturados por leñadores y llevados a Sepahua, el pueblo local, antes de ser enviados de vuelta a sus aldeas. Un año más tarde, más de la mitad de los Nahua había muerto de resfrío y otras enfermedades respiratorias introducidas por el primer contacto, y los leñadores se habían aprovechado de su debilidad para arrasar su territorio.
En 1990, el estado peruano estableció la Reserva Kugapakori/Nahua para proteger a los pueblos indígenas de la región que todavía evitaban todo contacto directo con personas ajenas, o aquellos que como los Nahua solo habían establecido contacto recientemente. Sin embargo, en la práctica la Reserva ha demostrado sistemáticamente fracasar en la protección de los territorios y los derechos de sus habitantes, y desde su establecimiento ha sido invadida por leñadores, se ha superpuesto a concesiones de explotación forestal ilegales y se ha abierto a la extracción de gas natural. Esto ha provocado una variedad de impactos que van desde el contacto forzado y las subsiguientes epidemias, hasta las invasiones de territorios indígenas por parte de leñadores y la reubicación de algunos de sus habitantes, que se han sentido amenazados por las actividades del proyecto gasífero de Camisea (Ver http://www.ecoportal.net/content/view/full/31947 por la denuncia de AIDESEP sobre la reubicación forzada de los Machihuenga que habitaban Shiateni).
En 2001, los Nahua, que estaban haciendo campaña en rechazo a la invasión de los leñadores, exigieron que su territorio fuera reconocido a través de un título de tierras comunales y que quedara excluido de la Reserva, ya que les parecía que de esta forma tendrían una mayor protección legal. Esto representaba un gran desafío: cómo apoyar el reclamo legítimo de los Nahua sin socavar la condición legal de la Reserva y por ende de los territorios de sus otros habitantes.
En 2002, Shinai Serjali, una ONG peruana que estaba ayudando a los Nahua en su lucha contra los leñadores, comenzó a consultar a una amplia variedad de instituciones estatales y de la sociedad civil involucradas con la Reserva, en busca de soluciones legales y prácticas para atender sus problemas. Un primer taller en 2002 identificó varios problemas: la falta de una legislación clara para las reservas estatales de Perú, la confusión sobre su administración y sus límites, la falta de conciencia local sobre sus reglas y límites y la ausencia de un sistema de control eficiente (el informe completo está disponible en español en http://www.serjali.org/es/proyectos/taller/ ).
Después del taller, un grupo de seis ONGs y federaciones indígenas continuaron la discusión sobre la situación, y como resultado surgió la formación del Comité Interinstitucional de Defensa de la Reserva en 2003, con el objetivo de fortalecer la Reserva y la seguridad territorial de sus habitantes y proponer políticas y recomendaciones basadas en las perspectivas y prioridades de los habitantes de la Reserva y no en las de las instituciones externas. El Comité recibió el apoyo de AIDESEP, la organización nacional de pueblos indígenas, y está integrado por Shinai Serjali, Racimos de Ungurahui, COMARU (Consejo Machihuenga del bajo Urubamba), IBC (Instituto del Bien Común), CEDIA (Centro de Desarrollo para el Indígena Amazónico) y APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos).
El desafío principal para este proyecto ha sido cómo tener en cuenta las diversas necesidades e intereses de todos los pueblos indígenas que habitan dentro de la Reserva. En 2002, había al menos 9 comunidades conocidas, correspondientes a 3 grupos étnicos diferentes, cada uno de los cuales tenía diferentes relaciones y actitudes hacia la sociedad nacional. Sólo algunos de estos grupos, como los Nahua, interactuaban directamente con individuos o instituciones externas; otros, en cambio, preferían evitar completamente ese contacto. Además, muchos de los habitantes de la Reserva hablaban poco o nada de español y tenían una comprensión limitada o nula de conceptos como Estado, ley, propiedad, y ni qué hablar del concepto de Reserva.
Para lidiar con estas dificultades, se formaron tres equipos de campo cuya tarea fue trabajar durante extensos períodos sólo con aquellas comunidades que ya tenían un contacto sostenido con personas ajenas. Todos los equipos de campo se integraron con individuos con experiencia previa en el trabajo de campo con estas comunidades, que hablaban su idioma y habían establecido relaciones de confianza con ellas. Durante 12 meses de trabajo de campo, se usaron mapas esquemáticos y equipos GPS para ayudar a las comunidades a confeccionar mapas geo-referenciados de sus territorios, ilustrando la importancia de los mismos desde el punto de vista cultural, histórico y práctico para sus habitantes así como los problemas que amenazan su integridad. Los mapas también exponen el conocimiento adquirido sobre la ubicación y los movimientos de los pueblos habitantes de la Reserva que evitan todo contacto con personas de fuera.
Además, los equipos de campo escucharon los principales problemas y prioridades de estas comunidades, que iban desde las invasiones de los leñadores hasta la transmisión de enfermedades, la explotación por parte de los maestros escolares y el impacto del proyecto gasífero de Camisea. En muchos casos, los equipos introdujeron el concepto de Reserva, analizaron cómo fue diseñada para proteger sus derechos y hasta qué punto estaba funcionando. Un cuarto equipo de campo trabajó durante tres meses con las llamadas comunidades Machihuhenga que bordean la Reserva, ayudándolas a mapear el uso que hacen de sus recursos y territorios dentro de la Reserva, y su conocimiento de la misma y sus habitantes, así como las actitudes hacia ellos, procurando asegurar que sus derechos también fueran respetados en el desarrollo de cualquier propuesta. Los equipos trabajaron con los Nahua, los Nanti del río Camisea, los Machiguenga del río Paquiria y las comunidades Machiguenga que habitan en los límites de la Reserva.
Sobre la base de estas consideraciones, un abogado especializado en derechos indígenas comenzó a elaborar una propuesta legal que reflejara lo mejor posible los problemas de la Reserva y las preocupaciones de sus habitantes. La propuesta está basada en las mejores normas de derechos humanos y derechos indígenas a nivel internacional y se aplica a las cinco reservas estatales de Perú. La propuesta establece la intangibilidad de las reservas y prohíbe cualquier industria extractiva dentro de ellas, así como también cualquier intento de contactar a los pueblos que viven en aislamiento voluntario. Establece definiciones de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y los que han establecido un contacto inicial, planes de contingencia en caso de contacto no deseado o de una emergencia médica, los medios para crear nuevas reservas para los pueblos que viven actualmente fuera de ellas y severas sanciones para las personas o instituciones que infrinjan la ley. El proyecto de propuesta fue presentado a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que nuclea a los indígenas peruanos, y a sus bases regionales (FENEMAD, ORAU, ORAI y COMARU), que estaban trabajando en una propuesta similar. Ambas propuestas fueron fusionadas y modificadas en consulta con todas las federaciones regionales y locales de AIDESEP.
Uno de los objetivos del Comité ha sido también la elaboración de recomendaciones que pudieran ser aplicadas a los problemas específicos de la Reserva Kugapakori/Nahua. A estos efectos, se hizo circular los problemas clave y las prioridades de los habitantes de la Reserva entre un grupo más grande de personas, incluidos representantes indígenas locales, miembros de ONGs que trabajan en la zona o en regiones vecinas, y representantes de las instituciones estatales responsables del manejo forestal, de los pueblos indígenas y de los derechos humanos. El grupo trabajó en la confección de recomendaciones específicas para abordar una serie de problemas complejos que van desde la tala ilegal y las actividades del proyecto gasífero de Camisea hasta la trasmisión de enfermedades a personas con escasa o ninguna resistencia natural, la incursión de colonos, y los esfuerzos de algunos misioneros para contactar a la fuerza a algunos de los pueblos que evitan todo contacto.
En noviembre de 2004, se presentaron los resultados del trabajo de campo y la propuesta legal a los altos representantes del gobierno peruano. La presentación es el primer paso en el proceso de aprobación y ratificación por parte del Estado. Se espera que los ministros del gobierno y otros representantes clave, acepten las propuestas como una iniciativa informada y exhaustiva y se comprometan a promover su implementación tanto en la ley como en los hechos.
Por Conrad Feather, Shinai Serjali, correo electrónico: conrad@serjali.org . Para obtener más información sobre el trabajo en defensa de la Reserva Nahua/Kugapakori y sus pueblos indígenas, visite http://www.serjali.org o envíe un correo electrónico a serjali@serjali.org