El WRM entrevistó al activista Nasako Besingi. Él organizó comunidades en protesta contra las plantaciones de palma de la empresa Herakles Farm. Ha sufrido ataques, intimidación y criminalización por parte de la empresa y el gobierno.
El Secretariado del WRM realizó una entrevista con el activista social y ambiental y defensor de los derechos humanos Nasako Besingi. Besingi es Director de la organización camerunesa SEFE (sigla en inglés de Lucha para Economizar el Ambiente Futuro), que apoya las luchas por los derechos a la tierra de las comunidades locales, principalmente contra las plantaciones de palma aceitera. Él ha organizado a las comunidades que realizaron protestas contra el avance de las plantaciones de palma aceitera de la empresa estadounidense del agronegocio Herakles Farm. Debido a este compromiso, Nasako ha sido víctima de ataques físicos, intimidación y criminalización por parte de Herakles Farm y del gobierno. El activista ha condenado con vehemencia las violaciones de los derechos humanos alrededor de las crisis actuales en las regiones anglófonas de Camerún.
A menudo se oye decir que comunidades en África no pueden defender o reclamar sus tierras de compañías que obtienen concesiones del gobierno nacional porque, según la legislación nacional, “toda la tierra pertenece al Estado”. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
En primer lugar, ¿qué elementos constituyen un Estado? Este consta de cuatro elementos clave: población, territorio, gobierno y soberanía. Por lo tanto, la frase “toda la tierra pertenece al Estado” no implica que la tierra sea propiedad del gobierno, sino de toda la población que vive dentro del territorio de un Estado, incluidas las personas en el gobierno. La mayor parte de la población de un Estado reside en comunidades, donde se lucha diariamente para defender por sí mismas ese territorio. Por otro lado, un gobierno se describe mejor como una agencia que formula, expresa y lleva a cabo la VOLUNTAD del Estado, y a través de la cual se determinan y reglamentan políticas comunes en términos de desarrollo político, económico y social. Cumplir con esas tareas no significa que el gobierno adquiera derechos de propiedad sobre la tierra y los recursos naturales del Estado.
Es erróneo que un gobierno reclame la propiedad de la tierra, ignorando los derechos territoriales de las comunidades. De hecho, el problema con las ordenanzas territoriales de África surge con la ayuda de los patrones coloniales, quienes, sin el consentimiento de la población, entregaron el territorio a los presidentes, que no fueron elegidos por la población sino que a menudo fueron seleccionados cuidadosamente por los colonizadores para servir sus intereses a largo plazo. Además, la noción de que “toda la tierra pertenece al Estado” no le otorga a un gobierno los derechos de posesión de la tierra ni de disponer de ella unilateralmente, sino, por el contrario, lo obliga a legislar y regular los asuntos de la tierra, considerando y respetando los intereses de las comunidades.
Es deber de los gobiernos proporcionar felicidad, libertad y paz a la población, así como proteger las propiedades. Además, estos gobiernos han ratificado instrumentos internacionales en nombre de los Estados para mejorar los derechos de la población. Dado que el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional, no hace falta decir que la ratificación de estos instrumentos internacionales invalida la enajenación unilateral de tierras por parte de los gobiernos, hecha bajo la codiciosa y errónea interpretación de que “toda la tierra pertenece al Estado” y sin el consentimiento del elemento principal de un Estado - el pueblo -, cuya supervivencia y existencia diaria dependen de la tierra.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos internacionales convierten en ilegal la decisión unilateral de estos gobiernos de disponer la tierra para fines de desarrollo, sin el consentimiento de las comunidades. Recientemente, la Corte Penal Internacional ha establecido que la apropiación de tierras y los abusos de los derechos de las comunidades son delitos que se elevan al nivel de la jurisprudencia internacional y se ha comprometido a procesar a los infractores (gobiernos y empresas).
Desde que empecé a participar en movimientos y organizaciones de derechos comunitarios sobre la tierra en Camerún y en otros países, ninguna de las comunidades con las que me he reunido aceptó la idea de que la tierra es propiedad del gobierno. Estas afirman que la tierra pertenece a sus comunidades y es un patrimonio ancestral. Ninguna de las comunidades con las que he trabajado está de acuerdo con la presencia de empresas multinacionales en sus tierras, alegando que las empresas se establecieron mediante el uso de la fuerza coercitiva.
En su experiencia, ¿cuáles aspectos o estrategias son importantes para construir y fortalecer movimientos y luchas comunitarias en el contexto africano?
Los movimientos y las luchas comunitarias en África aún se encuentran en una etapa temprana debido su difícil historia de esclavitud, colonización forzosa y administración semi-colonial luego de lograr su independencia, sin oportunidades democráticas ni en materia de derechos humanos. Hoy la situación parece muy diferente, con una democracia parcial y un uso discrecional de los derechos humanos, principalmente debido a los condicionamientos que imponen los países industrializados.
El aspecto más importante en la construcción de movimientos fuertes en África es vencer el miedo y la ignorancia inculcados deliberadamente en la población por las administraciones coloniales y poscoloniales. Identificar las preocupaciones de las comunidades también es clave, a la vez que generar conciencia y diseñar manuales educativos que reflejen esas preocupaciones. Otro aspecto importante es fortalecer la capacidad de los activistas comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil para conocer sus derechos y saber cómo defenderlos según sus medios de sustento diarios. Teniendo en cuenta que los movimientos de larga duración son aquellos que se construyen desde la base y no desde el exterior, la resistencia solo puede ser fuerte cuando está en sintonía con las preocupaciones de la comunidad.
Las estrategias a seguir incluyen: establecer una fuerte coalición de organizaciones de la sociedad civil y comunidades en África con el objetivo de compartir con frecuencia experiencias e información; planificar y ejecutar actividades en torno a los derechos de las comunidades sobre la tierra; apoyar la defensa de las comunidades y el abordaje de las violaciones; poner a disposición otras formas de materiales educativos para las comunidades; y simplificar manuales informativos y videos que expongan las estrategias y tácticas utilizadas por las empresas para infiltrarse y apropiarse de tierras ancestrales de la comunidad.
¿Y cuáles son los mayores desafíos?
En el contexto de África, hay numerosos desafíos que requieren diferentes abordajes para que los movimientos de resistencia tengan éxito. Uno importante es el desconocimiento de las comunidades sobre sus derechos sobre la tierra y sobre cómo defender sus tierras ancestrales, supuestamente debido a su incapacidad para enfrentar el creciente acaparamiento conspiratorio de tierras por parte de empresas y gobiernos. Otro desafío es la mala gobernanza, caracterizada por la corrupción endémica y la pobreza diseñada para nuevamente mantener a las comunidades sometidas a la voluntad del gobierno. También existen obstáculos políticos establecidos por el gobierno para reducir el espacio de las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, a través de la intimidación y la criminalización. Condiciones abrumadoras y oportunidades de financiamiento limitadas son otros obstáculos que los movimientos deben enfrentar.
En su opinión, ¿cree que la solidaridad internacional es importante para las luchas comunitarias?
La solidaridad internacional sigue siendo la única y mejor opción para detener la apropiación insensata de tierras comunitarias. Es importante para disminuir el poder que tienen las empresas y los gobiernos para explotar la ignorancia de las comunidades y apropiarse a la fuerza de las tierras comunales.
Adquirir más conocimiento sobre los derechos se traducirá fácilmente en una resistencia más fuerte contra el robo de tierras. Un primer paso importante es el esclarecimiento a través del intercambio de conocimientos en la base, donde ocurren las violaciones, y en los países de donde provienen las finanzas y los consumidores.
Es posible que los grupos locales no puedan manejar solos la intimidación, la violencia y los prolongados casos jurídicos inventados por el gobierno y las empresas. No tienen mucha experiencia con acciones directas no violentas que consisten en tener la información y la inteligencia adecuada para enfrentar a los agresores.
¿Qué tipo de solidaridad internacional crees que ha funcionado mejor hasta ahora?
Hasta ahora, en el contexto africano, puedo pensar en la campaña realizada en Camerún contra Herakles Farms, una empresa con sede en Estados Unidos, que pretendía talar 73.000 hectáreas de bosque prístino para su proyecto de plantaciones de palma aceitera en medio de cuatro áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Korup. La reacción contra Herakles Farms provino de comunidades locales, ONG locales e internacionales, investigadores, científicos, académicos, entre otros. La inmensa presión aumentó a escala local, donde se estaban llevando a cabo las operaciones, así como a nivel internacional, donde las empresas buscaban fondos para ejecutar el proyecto. En 2013, el presidente de Camerún firmó una serie de decretos que reducen la concesión de 73.000 hectáreas a 19.843 hectáreas. Sin embargo, esto no cubrió las aspiraciones de las comunidades, que continuaron su resistencia y se hicieron eco de la demanda original de “No a las plantaciones en nuestra tierra”. En 2015, la empresa abandonó sus operaciones en las zonas de concesión de Mundemba y Toko.
Además, las iniciativas de colaboración intercontinental, como la que involucra a las ONG internacionales GRAIN y WRM y ONG locales y organizaciones comunitarias en África, bajo la guía de la Alianza contra la Expansión de la palma aceitera industrial en África central y occidental, han hecho un trabajo fantástico en despertar a comunidades desmoralizadas. Se proporcionó visibilidad a sus luchas, brindó información e identificó conjuntamente oportunidades para detener las destructivas plantaciones de palma aceitera a través de programas de intercambio de solidaridad entre las comunidades, que incluyen talleres y visitas a aldeas para alentarlas a contrarrestar el acaparamiento de tierras en sus territorios. Además, el trabajo conjunto también apunta a exponer las estrategias y tácticas utilizadas por las empresas multinacionales que acaparan tierras de las comunidades y alertar a aquellos que ahora están amenazados por tales prácticas.
¿Hay algún tipo de solidaridad diferente que le gustaría para fortalecer la resistencia contra el acaparamiento de tierras en Camerún u otro lugar de África?
El fortalecimiento de la solidaridad entre las comunidades y los intercambios entre los pueblos directa e indirectamente afectados por los proyectos de desarrollo para generar confianza a nivel comunitario es la columna vertebral de cualquier resistencia exitosa. Otros puntos clave son: intercambios intercontinentales con diferentes comunidades para compartir experiencias, que ayudan a disipar y exponer los engaños y las tácticas de las empresas; visitas coherentes a las aldeas para mantener en alerta a aquellas ya afectadas y a las que podrían verse afectadas contra la nociva expansión de las plantaciones de palma aceitera y otros proyectos sin su debido consentimiento; evidenciar más ampliamente los engaños y afirmaciones de las empresas sobre el desarrollo sostenible y cómo las empresas han incluido simbólica y falsamente a las comunidades, en lugar de respetar su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Necesitamos alinear la resistencia de las comunidades locales con las oportunidades alternativas de las comunidades locales en general. Invertir en el desarrollo de capacidades de las organizaciones y comunidades locales para implementar una “Resistencia comunitaria confiable” capaz de anticiparse a los acaparamientos de tierras y a la violación de los derechos humanos en el continente, a medida que ocurren. Organizar una serie de eventos tales como talleres, seminarios, visitas a las aldeas, reuniones en persona y virtuales entre protagonistas clave.
Es vital que construyamos una asociación de colaboración más fuerte entre las ONG del norte y las comunidades y las contrapartes del sur para hacer frente al acaparamiento de tierras y la deforestación, ya que estas inversiones son impulsadas por los inversores y las políticas gubernamentales, incluyendo las opciones de los consumidores en los países del norte. Reuniones de intercambio entre comunidades del Norte y del Sur permitirán una mejor comprensión de cómo las decisiones políticas, los gobiernos y las empresas afectan el medio ambiente y abusan de los derechos humanos en el Sur, especialmente cuando las compañías bombardean información y anuncios engañosos para encubrir su destrucción y abuso, asociados a productos que afirman son sostenibles.