Smurfit Cartón, subsidiaria de Jefferson Smurfit, es dueña de 34.000 hectáreas de monocultivos de gmelina, eucaliptos y pinos en los estados venezolanos de Portuguesa, Lara y Cojedes. De éstas, 27.000 hectáreas se encuentran localizadas en Portuguesa, donde la empresa se ha visto enfrentada a las comunidades de Morador y Tierra Buena, que resistieron la invasión de plantaciones forestales en sus tierras de cultivo (ver Boletines 18, 20, 22 y 23 del WRM).
De acuerdo con información recibida recientemente, Smurfit está enfrentando severos problemas sanitarios en sus plantaciones de Portuguesa. La uniformidad de los monocultivos forestales los hace muy vulnerables al ataque de insectos y plagas. La ventaja que tiene inicialmente la plantación de un árbol exótico -la ausencia de predatores locales- se convierte en una catástrofe, tanto cuando una especie local se adapta a alimentarse de esos árboles o cuando un predator natural eventualmente llega de su ecosistema original. Cualquiera sea el caso, el hecho es que muchos árboles están ahora muriendo en sus plantaciones.
Por otra parte, durante la estación seca las plantaciones de Portuguesa y Cojedes se han visto afectadas por incendios. Voceros de la compañía han acusado a los campesinos de acciones de sabotaje contra las plantaciones. La ocurrencia de incendios puede darse con mucha facilidad en condiciones secas en un ambiente uniforme como el conformado por las plantaciones forestales, especialmente en el caso de eucaliptos y pinos. Actualmente los campesinos locales y los ambientalistas temen que Smurfit trate de compensar las pérdidas de madera proveniente de las plantaciones, mediante la corta de los bosques aledaños, como solía hacer antes de las protestas que ocurrieron en 1999.
Desde el punto de vista político las cosas tampoco parecen ir bien para Smurfit. La nueva Constitución de Venezuela, aprobada por el referendum de diciembre de 1999, incluye explícitamente los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, y condena la concentración en la tenencia de la tierra. De acuerdo con principios de justicia social en el campo y de planificación territorial sustentable, las plantaciones comerciales no están permitidas en suelos aptos para la agricultura, dado que ello significaría una competencia con la producción de alimentos.
Artículo basado en información obtenida de: Alfredo Torres, 18/4/2000; Prensa Regional del Estado Portuguesa. Grupos Ecológicos de Ospino, 18/4/2000.