Venezuela: un tendido eléctrico que mata

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El 13 de agosto, los presidentes de Venezuela y Brasil --Hugo Chávez y Fernando Henrique Cardoso, respectivamente-- concretaron un acuerdo realizado en 1997 e inauguraron en Venezuela un tendido eléctrico que se extiende hacia el norte de Brasil, en el estado de Roraima. Los 676 kilómetros de cables de alta tensión, que tuvieron un costo de 400 millones de dólares y fueron obra de Electrificación del Caroní, filial de Corporación Venezolana de Guayana, transmitirán 65 megavatios/hora que para el 2020 podrían aumentar a 200.

Pero este proyecto hiere de muerte a la Gran Sabana, Parque Nacional de Canaima, hábitat del pueblo indígena Pemón y centro de diversidad biológica y riqueza hídrica de Venezuela.

La construcción del tendido ha provocado deforestación, erosión, pérdida de bosques y otros hábitat de animales y plantas del Parque Nacional Canaima. Pero también implica la implantación de un modelo de desarrollo ajeno a la cultura de los pueblos indígenas de la Gran Sabana y del bosque húmedo de Imataca.

La infraestructura de servicios que se ha creado en torno al proyecto, atraerá diversas actividades económicas a gran escala: minería legal e ilegal, empresas deforestadoras o el turismo. La dinámica económica que seguramente irá floreciendo alrededor del tendido no sólo desfigurará el paisaje sino que atentará contra la estabilidad ecológica y cultural de la zona.

La Coalición Contra el Tendido Eléctrico señala que el desarrollismo es “un modelo político-económico que interviene violentamente, con tecnología a gran escala, sobre las formas de convivencia, fragmentando, marginando y desarticulando a los individuos y a su hábitat, bajo la coartada de traer a futuro mayor calidad de vida a la población".

Desde el punto de vista ambiental, el gran número de picas --las vías de acceso para instalar las torres-- se convierten en grandes cárcavas por la pérdida acelerada de suelo que se produce en la Gran Sabana una vez que se la despoja de la cubierta vegetal. En otros casos, esas picas facilitan el ingreso de vehículos que se adentrarán cada vez más al interior del Parque Nacional, deteriorando zonas que se mantienen preservadas del paso de vehículos. También se afectarían los recursos hídricos con la mayor exigencia de cantidad de agua para mantener los niveles de producción de electricidad, lo que implicaría un aumento de la construcción de represas.

La Sociedad de Amigos de la Gran Sabana, AMIGRANSA, denuncia que las comunidades indígenas que se resisten han sido reprimidas, mientras que las que aceptaron los acuerdos gubernamentales ya están sufriendo el incumplimiento de una agenda de compromiso que contenía un conjunto de medidas acordadas para culminar las obras de la línea de transmisión de energía a Brasil.

Pero, además, este megaproyecto ha quebrado la unidad de las poblaciones autóctonas, dando paso a una de las mayores confrontaciones internas en la historia de estos pueblos. Hay quienes están dispuestos a negociar y otros que están dispuestos a no ceder sus espacios sagrados, sus tierras y sus recursos. Frente a los primeros, chantaje y presión sicológica: los derechos fundamentales consagrados en la nueva constitución están condicionados a la realización del tendido. Frente a los segundos, intimidación: prácticas de tiro frente a las comunidades, distribución de panfletos en los que se señalaba que se bombardearía a los indios y se los excluiría de los beneficios del Estado.

Frente a todo ello, resulta por lo menos triste que se haya pretendido mostrar al mundo la interconexión eléctrica entre Venezuela y Brasil como un hecho político de corte progresista, haciendo participar en su inauguración nada menos que al mismísimo Fidel Castro. Sin embargo, nada tiene de progresista un proyecto típicamente "desarrollista" como éste, que ha resultado en graves impactos sociales y ambientales que seguramente se agravarán en el futuro.

Artículo basado en información obtenida de: Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA) y Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Norberto J. Méndez, El Nacional, 26 de julio de 2001.