A partir de la década del sesenta los bosques de Indonesia han ido agotándose rápidamente, como consecuencia de la generalización del otorgamiento de concesiones de madereo a militares de alto rango. El madereo se expandió rápidamente para proveer de troncos baratos a la industria maderera japonesa, principalmente para producir madera contrachapada. Bajo la dura presión de los programas de colonización dirigidos por el gobierno, el ritmo de destrucción de los bosques aumentó aceleradamente, un proceso agravado además por programas a gran escala, algunos de ellos desarrollados con asistencia extranjera, para expandir el cultivo de árboles en los "bosques en conversión". A mediados de los años 70, el gobierno de Indonesia restringió y posteriormente prohibió la exportación de madera en rolos sin procesar, lo que tuvo el efecto de brindar un mercado protegido para la industria nacional de madera contrachapada y de procesamiento de madera, que generó un apetito voraz por madera. Pronto la demanda superó el suministro, lo que aceleró la expansión de la frontera del madereo hacia zonas más remotas de Kalimantan, Sulawesi, las Moluccas e "Irian Jaya" (Papúa occidental). Hacia fines de los años 80, las ONG estimaban que la tasa de deforestación en Indonesia rondaba un millón de hectáreas por año, cifra negada durante mucho tiempo por el gobierno. Estudios recientes ubican la tasa de pérdida de bosques en niveles todavía más altos, a la vez que sostienen que más de la mitad de toda la madera se extrae en forma ilegal.
Como afirma el Centro Internacional de Investigación Agrícola Forestal (International Centre for Research in Agroforestry): "A principios de la década del 80, en un proceso que podría considerarse una de las usurpaciones de tierra más grandes de la historia, el gobierno instrumentó un sistema de zonificación de bosques que clasificó la mayoría de las islas exteriores como territorios de bosques. El setenta y ocho por ciento del territorio de Indonesia, equivalente a más de 140 millones de hectáreas, quedó bajo la responsabilidad del Departamento Forestal y de Cultivos Estatales. Esto incluía más del 90% de las islas exteriores. Las estimaciones afirman que en esa zona viven aproximadamente 65 millones de personas. Según el Departamento Forestal, la creación de la zona de bosques del Estado anuló los derechos locales "Adat", volviendo invisibles a miles de comunidades en relación con el proceso de planificación del manejo de bosques, y convirtiéndolas en ocupantes ilegales de sus propias tierras ancestrales. Como resultado, las concesiones madereras, las plantaciones de árboles, las áreas protegidas y los programas de migración auspiciados por el gobierno se aplicaron directamente en millones de hectáreas de tierras comunitarias, dando lugar a un conflicto generalizado. Sin embargo, en realidad para muchos pobladores locales es la ley tradicional, o "hukum Adat", la que todavía rige las prácticas de manejo de los recursos naturales".
Desde la caída de Suharto en 1998, la protección política de la cual se beneficiaban sus compinches se ha ido debilitando paulatinamente, y políticos y funcionarios con mentalidad reformista han comenzado a presionar para introducir reformas más amplias en la política en materia de bosques. Ante la presión de las ONGs y de una sociedad civil que tiene creciente confianza en sí misma, el Departamento Forestal se ha visto obligado a ceder, al menos en parte, a las demandas de las comunidades exigiendo acceso y control sobre los bosques.
Un ámbito de conflicto es la definición de cuáles son las zonas clasificadas como Bosques Estatales. Cifras oficiales publicadas recientemente muestran que sólo el 68% de las áreas reclamadas como Bosques Estatales fueron realmente demarcadas y designadas como tales, pero no hay mapas claros disponibles para ayudar a las comunidades a determinar si viven en un área designada como bosque o en el 32% restante, que formalmente sigue estando bajo la jurisdicción del Ministerio de Tierras Agrícolas. Por otra parte, muchas comunidades cuestionan hoy la legalidad de la demarcación y la designación de estas tierras como Bosques Estatales. En muchos casos no se aplicaron los procedimientos formales requeridos de consulta a la administración local y a las comunidades afectadas, lo que abre la posibilidad de cuestionar ahora ante los tribunales la anexión de tierras comunitarias para establecer Bosques Estatales.
Ha surgido un movimiento vigoroso de la sociedad civil en desafío al control que ejerce el Estado sobre los bosques, integrado entre otros por varias alianzas de ONGs y otros miembros de la sociedad civil, como la Coalición para la Democratización de los Recursos Naturales (KUDETA), el Foro de Comunicación sobre Manejo Comunitario de Bosques (FKKM), el Consorcio de Apoyo al Manejo Comunitario de Bosques (KpSHK) y la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN). Si bien sus tácticas y prioridades varían, todos han exhortado a devolver los bosques a las comunidades locales. Todas estas iniciativas se han visto beneficiadas por el considerable apoyo financiero de diversas ONG que trabajan en el desarrollo y por fundaciones extranjeras.
El Departamento Forestal ha adoptado varias medidas para resolver esta presión. En enero de 1998 aprobó un decreto especial que reconocía los derechos de las comunidades de Krui, en Lampung occidental, al control permanente de sus bosques bajo régimen de manejo comunitario. A mediados de 1999, el Gobierno realizó en colaboración con las ONG un proceso de consulta para elaborar el borrador de una nueva Ley Forestal, pero el proceso se interrumpió cuando se difundió que paralelamente al proceso de elaboración externo más o menos abierto, con la participación de grupos de la sociedad civil, el Ministro estaba desarrollando simultáneamente su propia versión en forma interna. Fue justamente el borrador interno el que fue enviado al Parlamento y ratificado, a pesar del cuestionamiento general, incluso de ex ministros de Medio Ambiente y del Departamento Forestal. Poco después, una nueva ley fue aprobada en el mismo período, el Decreto ministerial SK 677/1999 (revisado en 2001 como SK 31/2001), por el cual las comunidades pueden establecerse como cooperativas y asegurarse el arriendo de los bosques durante 25 años con sujeción a la aprobación gubernamental de los planes de manejo local.
Si bien muchas ONG son críticas respecto a los avances limitados que introducen estas leyes, otras las consideran pasos importantes hacia el reconocimiento de los derechos de las comunidades sobre los bosques. La lucha por la reafirmación del manejo comunitario de bosques en Indonesia en realidad recién comienza.
Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo electrónico: marcus@fppwrm.gn.apc.org
