Colombia

Tal vez ningún proyecto de ley en Colombia, sobre un asunto ambiental, ha logrado despertar tantas opiniones diversas y tal revuelo como lo fue la discusión en el Congreso Colombiano de La Ley General Forestal, que fue aprobada por esta institución en el mes de diciembre. Fue tal la fuerza de los argumentos y tal la respuesta del ambientalismo colombiano, del movimiento social e incluso de parte de los medios de comunicación, que por primera vez el presidente Álvaro Uribe Vélez devuelve una ley al Congreso de la República.

Las selvas del Pacífico colombiano, que constituyen el Territorio Región del Pacífico, una de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo, han sido habitadas desde hace muchos años por las comunidades ribereñas negras. Sus integrantes fueron los últimos ciudadanos colombianos a los que se les reconoció el derecho a la propiedad de los territorios que poseyeron y utilizaron durante siglos.

Los bosques proveen de sustento a cientos de millones de personas en todo el mundo, particularmente en las zonas tropicales. Cualquiera sea la actividad que implique la deforestación o degradación del bosque, tendrá un impacto directo sobre los medios de subsistencia y sobre la salud de esas personas.

Miles de indígenas son desplazados de sus tierras, militarizados y expropiados en genocidios que no terminan. La explotación petrolera se hace ocasionando daños que no son indemnizados, sin consulta a las comunidades y con la connivencia de los gobiernos de turno. Empresas transnacionales como Shell, Repsol, Maxus, se apropian de espacios territoriales con el pretexto de la “utilidad pública”, contaminan cuerpos de agua, cauces de ríos, deforestan bosques primarios y generan impactos que destruyen futuro.

El herbicida glifosato fue identificado en 1974 por John Franz, un científico que trabajaba para la multinacional agroindustrial Monsanto, con sede en Estados Unidos. Hoy Monsanto se jacta de que sus productos a base de glifosato, con inclusión del herbicida Roundup, están “entre los herbicidas más usados del mundo”.

El Plan Colombia ha resultado funcional a los grupos económicos de la palma aceitera (ver boletines Nº 47 y 70 del WRM). Operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial han incursionado en territorios colectivos, han construido carreteras, talado bosques, excavado canales artificiales. Todo eso, en un entorno de impunidad y violación de los derechos humanos.

Los Nukak son un pueblo nómada de la Amazonia colombiana, contactados oficialmente en 1988. La población actual se estima en 390 personas distribuidas en 13 grupos locales, localizados en el interfluvio del Medio Guaviare y Alto Inírida. El idioma Nukak es inteligible con el de los Kakua o Bara, del Vaupés colombiano, y ambos son clasificados como parte de la familia lingüística Makú-Puinave.

Resulta de suma importancia saber porqué desde los últimos años el tema forestal en Colombia ha estado en el centro de los principales debates y de la agenda gubernamental. Este artículo pretende en primer lugar responder esta pregunta, y mostrar algunos elementos de política que nos permiten afirmar que el tema forestal, así como sus servicios ambientales, son un negocio más no solo a nivel nacional sino global.

Los pueblos Uitoto de la región de Araracuara, en el Curso Medio del río Caquetá, presentan algunas características socioculturales comunes entre las que se destacan el sistema de producción basado en utilizar tres espacios de manera sostenible, como es el monte (selva), el río y la chagra (claro abierto en la selva para el policultivo).

  En 1998, el escritor Joe Broderick culminó una investigación sobre la empresa Smurfit Cartón de Colombia, publicando su libro "El imperio de cartón: impacto de una multinacional papelera en Colombia". En él documentó en detalle los graves impactos sociales y ambientales resultantes de las actividades de la filial de la transnacional irlandesa Jefferson Smurfit en ese país.

En los últimos años de la década de los 70 la Estatal carbonera Carbocol dio a conocer la existencia de grandes yacimientos carboníferos en la península de Guajira. El yacimiento se encontraba ubicado en territorio habitado tradicionalmente por la comunidad Wayuú, población indígena nómade que se movía en la región fronteriza con Venezuela. Tras una larga controversia sobre la conveniencia o no de la explotación de este combustible fósil, el Estado finalmente dio vía libre a dicha empresa con el argumento del desarrollo regional en materia energética.

Cuanto más se planta más derechos se pierden. En Colombia hay aproximadamente 170.000 hectáreas sembradas de palma aceitera. Testimonios de un delegado de la organización de trabajadores del sector palmero, relacionado con las empresas Oleaginosas Bucarelia y Oleaginosas Las Brisas, denuncia las malas condiciones de trabajo en las plantaciones de palma aceitera en el departamento de Santander, además de las presiones e incentivos para debilitar a los sindicatos del sector.