La rápida destrucción de los bosques filipinos causada por el madereo, la minería y la invasión de colonos sin tierra empujados por las políticas oficiales, fue reconocida oficialmente a fines de los 80 como un problema que requería una respuesta política para enfrentarlo. La necesidad de limitar y regular el madereo y promover alternativas de manejo comunitario de bosques fue aceptada por el gobierno a fines de la década. En 1990, el gobierno aprobó un Plan Maestro de Desarrollo Forestal que supuso un intento de "aumentar a escala" las iniciativas comunitarias previas de manejo de bosques.
Según el plan, las comunidades tenían derecho al arriendo de tierras de bosques de propiedad del Estado bajo el sistema de Contratos de Administración Forestal, que les daba derecho a plantar árboles y comercializar los productos del bosque durante un período de 25 años. En las primeras etapas del proceso se expresó la preocupación de que los Contratos de Administración Forestal no contemplaban los reclamos no resueltos de las tierras indígenas y que incluso podían ser utilizados para extinguir los derechos nativos. Posteriormente se introdujeron modificaciones para reafirmar a las comunidades indígenas que celebraban los contratos que sus reclamos históricos no serían afectados.
Durante los 90 llovieron fondos de asistencia internacional de organismos bilaterales y multilaterales para el sector forestal. El Banco Asiático de Desarrollo proporcionó un apoyo sustancial a los proyectos de plantaciones de árboles y el Banco Mundial brindó fondos adicionales para el desarrollo general del sector forestal. Ambos programas de préstamo fueron modificados para incluir la iniciativa de Administración Forestal, al tiempo que se incentivó el interés de las comunidades por las plantaciones a través de iniciativas de "reforestación por contrato", que aseguraban asistencia técnica y financiera a individuos, cooperativas o comunidades embarcados en programas de plantación de árboles. Al mismo tiempo, USAID se abocó al manejo forestal comunitario a través de dos grandes Proyectos de Manejo de los Recursos Naturales, que brindaron fondos especiales para que el Departamento de Energía y Recursos Naturales proporcionara algunas soluciones a la población rural pobre. Si bien los pueblos indígenas componen como mínimo el 30% de la población rural pobre que habita los bosques filipinos, las disposiciones específicas para los pueblos indígenas no fueron un renglón destacado del programa general.
A pesar de las buenas intenciones por parte de los donantes, el impacto general del programa de reforma forestal no ha tenido un gran éxito para los pobladores rurales pobres en general, y para los pueblos indígenas en particular. Los beneficiarios principales del programa han sido las compañías que realizaron las plantaciones. La reforestación por contrato no logró servir a los mercados locales en la forma esperada, y la mayoría de los programas de reforestación por contrato que han perdurado son los programas de cultivo de árboles para fábricas de papel y celulosa en gran escala, como PICOP. En el norte de Mindanao, la reforestación por contrato determinó el asentamiento de colonos en tierras indígenas, provocando graves conflictos.
Las ONGs y los voceros indígenas destacan la existencia de muchos otros resultados lamentables del programa de reforma forestal. Uno de ellos ha sido que el sector se ha vuelto casi totalmente dependiente del apoyo de los donantes y carece de financiamiento y apoyo político del gobierno central. Como resultado, el programa no se "enraizó" en los procesos nacionales de reforma institucional o política y las conexiones entre la reforma financiada con fondos de ayuda y los procesos políticos locales ha sido débil o inexistente. El Manejo Comunitario de Bosques se ha convertido así en un enclave impulsado por los donantes dentro de la economía política, tolerado como una forma de captar divisa extranjera más que como una forma de promover un desarrollo sustentable. En consecuencia, las comunidades afectadas se han distanciado aún más de los políticos promotores de la reforma nacional, y en vez de haber sido empoderadas y estar mejor conectadas con los procesos de las políticas nacionales, se encuentran agobiadas por la nueva burocracia del Manejo Comunitario de Bosques, que se ha expandido en forma masiva gracias al financiamiento extranjero. El veredicto general de varias ONGs y activistas comunitarios es que la reforma forestal ha sufrido de un exceso de flujo de dinero en un enfoque verticalista, de arriba hacia abajo. El programa impulsado por los donantes intentó generar resultados en base a una iniciativa incipiente de la sociedad civil antes de que se produjera un cambio institucional real a nivel nacional. El resultado fue un programa que empantanó el proceso nacional de reforma y que dejó a los pueblos indígenas con menos poder que antes.
Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo electrónico: marcus@fppwrm.gn.apc.org
