La gran Amazonía, que se extiende sobre aproximadamente 7.584.331 km2 (*) es poseedora del bosque tropical húmedo más extenso del mundo, con flora y fauna que constituyen, por sí solas, más de la mitad de la biota mundial, conformada por cientos de miles de plantas y millones de animales, muchos aún desconocidos por la ciencia occidental. Al mismo tiempo, sus aguas representan entre 15 al 20% de toda la reserva de agua dulce del planeta Tierra y solo el gran Río Amazonas vierte el 15.5% de las aguas no saladas al océano Atlántico.
En este mundo de extraordinaria diversidad de especies, estamos los Hunikuin, Shuar, Yine, Kichwa, Tagaeri, Machsco y tantos otros centenares de Pueblos milenarios denominados indios, protectores de nuestros territorios, en los que está casi el 100% de bosques y su biodiversidad hoy existentes. Amenazada por factores políticos, económicos y sociales, la Amazonía se encuentra en un proceso continuo de ocupación, tensiones, conflictos, daños humanos y ambientales, justificados por el mito de la integración, de la necesidad de aliviar la pobreza de otras regiones y tratando de encontrar allí el modelo del desarrollo sustentable sobre la base del conocimiento ancestral y formas de relación armónica pueblos indígenas - naturaleza.
Los diversos intereses sobre los recursos estratégicos existentes en la Amazonía (uranio, petróleo, níquel, zinc, cobre, oro, recursos genéticos, entre otros), han hecho de esta vasta región un lugar propicio para la generación de conflictos, habiendo creado figuras y conceptos para adjudicar adjetivos a la naturaleza bajo la figura de áreas protegidas, como parques nacionales, reservas forestales, faunísticas, ecológicas, etc. Los impactos sobre nuestros territorios han sido enormes, por la superposición de falsos intereses de conservación a nuestros derechos territoriales, sin tomar en cuenta nuestra existencia desde tiempos inmemoriales. Ninguna de estas figuras representa garantía de protección verdadera de los territorios indígenas afectados por las 181.251 hectáreas de zonas protegidas en los países de la Cuenca Amazónica, ya que son absorbidas por intereses de explotación minera, petrolera, maderera, colonización y turismo. Como ejemplo citamos lo sucedido en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), donde ocurrió recientemente el genocidio del Pueblo Tagaeri, precisamente por la instigación permanente de los traficantes de madera sin que el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, haya podido ejercer ninguna autoridad ni control.
Por otro lado, los planes de manejo de las áreas protegidas no han tomado en cuenta de manera adecuada la existencia de los habitantes locales, forzándoles a migrar a otros espacios donde ya existen otros actores sociales.
Además de esto, hay incumplimiento de las pocas legislaciones existentes en los países de la región, resultado de un sistema económico destructivo del medio ambiente que facilita licencias de operación sin considerar los principios humanos y sociales básicos de los pueblos indígenas. Tal es el caso de la presencia de compañías petroleras en territorio Huaorani (provincia de Pastaza, Ecuador), en donde se ha adjudicado los siguientes bloques petroleros: Petroecuador, Bloque 14 de Vintage; Bloque 16 a Repsol-YPF; Bloque 21 a Kerr MacGee; Bloque 31 a Pérez Compac.
Para nosotros, los impactos son aún más complejos, considerando las prácticas habituales de asistencialismo, división y cooptación para justificar los supuestos acuerdos o consultas a las comunidades, pueblos y organizaciones.
Como forma de superar estos conflictos es indispensable asegurar las garantías de nuestros territorios como medio de protección de la naturaleza. Lo anterior debe ser respetado y apoyado principalmente por los gobiernos, porque es la mejor garantía de hacer conservación con la presencia de vida humana, que la representamos los pueblos indígenas. Entonces, solo así se pondría en práctica la declaración de principios de la Cumbre de la Tierra, la Agenda 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Foro Intergubernamental sobre Bosques, y de los otros instrumentos internacionales de relevancia en materia ambiental.
En los casos en que se superponen las áreas protegidas a nuestros territorios, se debe reconocer nuestra preexistencia y los derechos ancestrales consecuentes existentes, incluso antes de la adopción de cualquier norma legal de reconocimiento del uso y manejo de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, así como la responsabilidad de co-administración con la participación de nuestras instituciones de gobierno local.
Por lo visto, esta relación de áreas protegidas – territorios indígenas, ha generado mas desencuentros que encuentros, siendo necesaria la implementación de planes de acción prácticos y de respeto a nuestra existencia como pueblos en nuestra diversidad ante los sistemas o criterios creados por intereses económicos o por ocupación territorial. Entonces, básicamente resaltamos los siguientes planteamientos:
- La preeminencia de nuestros derechos territoriales sobre cualquier figura de protección, así como el libre acceso y control de los recursos naturales existentes.
- La prohibición de todo tipo de actividades extractivas externas en las áreas protegidas ya declaradas y garantizar a los Pueblos Indígenas los beneficios económicos por los servicios ambientales.
- La eliminación de superposición de áreas protegidas, en particular aquellas que afectan a nuestros territorios.
- La participación directa de nuestras organizaciones representativas en la toma de decisiones políticas, jurídicas y otras que nos afecten.
(*) Bolivia 824.000 km2; Brasil 4.982.000; Colombia 406.000; Ecuador 123.000; Guyana 5.780; Perú 956.751; Venezuela 53.000; Surinam 142.800 y Guyana Francesa 91.000..
Por: Sebastião Haji Manchineri, Coordinador General de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), Quito, julio 29 de 2003
