Brasil

Entre el 27 y el 29 de marzo pasado, políticos, funcionarios forestales, representantes de la industria y de ONGs se reunieron en la ciudad de Brasilia durante el seminario “Amazonia Siglo XXI: Perspectivas para el Desarrollo Sustentable” a efectos de discutir sobre el futuro de la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo. A pesar del drástico proceso de deforestación y degradación que está afectando desde hace años a este vasto y rico espacio geográfico, en el encuentro reinó una visión optimista.

En los procesos internacionales relacionados con bosques y biodiversidad, el Brasil es uno de los países con uno discurso muy fuerte en relación con la defensa de la soberanía nacional. Desgraciadamente se trata sólo de un discurso. En realidad lo que la mayoría de los gobiernos brasileños han hecho es abrir las puertas del país de par en par a la inversión extranjera, con los consiguientes resultados de incremento de la pobreza y de la degradación ambiental. Lo que por supuesto no tienen nada que ver con defender la soberanía nacional, sino todo lo contrario.

El río Tocantins es el principal del sistema hidrológico del “cerrado” (savana) y la región oriental de la Amazonía en Brasil. El gobierno de ese país está planeando la construcción de ocho represas hidroeléctricas sobre los ríos Tocantins y Araguaia. Una de ellas es la represa de Cana Brava, localizada 250 kms al norte de Brasilia, en el estado de Goiás, que junto a las represas de Tucuruí y de Serra da Mesa, que ya están en funcionamiento, formarán un contínuo de casi 2.000 kilómetros de reservorios en escalera.

Hace más de un año el pueblo indígena Pataxó recuperó una parte importante de su territorio tradicional ubicado en el estado de Bahía (ver Boletín especial del WRM de abril de 2000). Desde ese entonces, los Pataxó han estado luchando para que el gobierno reconozca sus derechos, y han contado con escaso apoyo de las organizaciones ambientalistas, muchas de las cuales parecen dudar que los Pataxó tengan la capacidad de manejar adecuadamente el bosque que por derecho les pertenece.

Durante casi una década, Aracruz Celulose ha estado gastando mucho tiempo y dinero para mostrarse como un ejemplo de empresa social y ambientalmente responsable. Ha negado consistentemente los impactos negativos de sus operaciones en los estados brasileños de Espírito Santo y Bahía y ha llegado hasta a afirmar que jamás ha llevado a cabo operaciones de deforestación. Información reciente muestra lo contrario.

Como respuesta a la información publicada por Taiga Rescue Network en su boletín Taiga News nro. 32, en relación con los impactos sociales y ambientales provocados por las plantaciones de eucalipto de Veracel en el estado de Bahía, Antonio Alberto Prado --Gerente de Relaciones Públicas de la compañía-- se dirigió a dicha publicación a efectos de explicar que "... desde sus inicios, en 1991, el manejo del suelo y el desarrollo de las plantaciones por parte de Veracel se ha basado en principios sustentables y ecológicamente sanos".

La Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático aún no dio su aprobación a las plantaciones y los bosques como "sumideros" de carbono. Sin embargo, el mercado del carbono ya está en marcha. A continuación transcribimos un mensaje electrónico (traducido del inglés por el WRM), en el que se propagandea a Brasil como un país con tierra y mano de obra baratas disponibles para que las empresas productoras de energía viertan sus emisiones de carbono:

La noticia de la asociación de Stora Enso con Aracruz Celulose es por cierto una mala noticia para la población local en los estados brasileños de Bahía y Espírito Santo, dominados por tres grandes empresas de fabricación de celulosa, como son Veracel, Aracruz y Bahía Sul. Ahora la propiedad de Veracel pasará a ser compartida por Stora Enso y Aracruz, permaneciendo el 10% de las acciones restantes en manos del grupo brasileño Odebrecht.

El Consejo Nacional Agrícola (CNA), que representa los intereses de los grandes terratenientes del Brasil, ha venido tratando por todos los medios de oponerse a toda iniciativa legal de proteger los bosques del país, considerándola una potencial limitación a su poder sobre pueblos y tierras. De hecho, en Brasil casi el 50% de la tierra está en manos de apenas un 1% de su población.

Todo lo que sucede en Brasil en relación con los bosques puede ser considerado de importancia, teniendo en cuenta su enorme superficie, la diversidad de bosques presentes en su territorio y los opuestos intereses que están en juego.

Hace 500 años, conquistadores portugueses en brillantes armaduras utilizaron sus armas modernas contra pueblos indígenas armados con arco y flecha. Ahora, policías en brillante vestimenta anti-motines utilizaron sus modernas armas contra personas desarmadas, incluyendo indígenas, negros y blancos, quienes protestaban contra los festejos oficiales de la llegada de los portugueses en el año 1500. Las fotografías no requieren de explicación. ¿El motivo? Nuevamente "los indios".

El pueblo indígena Pataxó-Hã-Hã-Hãe de la región sur del Estado de Bahía está luchando para recuperar sus territorios ancestrales, demarcados en 1936, que abarcan un área de 53.000 hectáreas, que se encuentran ocupadas por casi 400 ganaderos, que obtuvieron sus títulos ilegalmente de sucesivos gobiernos de Bahía desde la década de 1960. Estas tierras, que albergan remanentes de la una vez densa "mata atlántica", han sido mayormente convertidas en pasturas y plantaciones de cacao.