La empresa Asia Pulp & Paper (APP), una de las productoras de celulosa y papel más grandes del mundo, fue acusada por Greenpeace de realizar madereo ilegal en los bosques de la provincia china de Yunnan, la zona con mayor biodiversidad de dicho país, ubicada al suroeste del territorio.
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De acuerdo a las cifras oficiales más recientes (del instituto Forest Survey, de la India, Informe sobre el estado de los bosques 2003), la India continúa perdiendo su cubierta forestal. Los estimados del año 2003 dan cuenta de una disminución neta de cerca de tres millones de hectáreas de “bosques densos”, lo cual implica una seria y continuada deforestación de bosques con una densidad de cobertura del 40 por ciento y más.
Muchas ONG europeas consideran que la contratación pública, la compra que se realiza desde el gobierno, tiene un gran potencial para contribuir a un manejo responsable de los bosques a escala mundial. Según las cifras presentadas por la WWF, la contratación pública de madera y productos derivados de la misma representan un 18 por ciento del total de las importaciones de madera del G8. Con un valor anual de 20 mil millones de dólares, las referidas compras constituyen una fuerza económica formidable en el mercado internacional de la madera.
Miles de indígenas son desplazados de sus tierras, militarizados y expropiados en genocidios que no terminan. La explotación petrolera se hace ocasionando daños que no son indemnizados, sin consulta a las comunidades y con la connivencia de los gobiernos de turno. Empresas transnacionales como Shell, Repsol, Maxus, se apropian de espacios territoriales con el pretexto de la “utilidad pública”, contaminan cuerpos de agua, cauces de ríos, deforestan bosques primarios y generan impactos que destruyen futuro.
En 1999, el equipo de investigación del Banco Mundial sobre Economía del Control de la Contaminación Industrial, publicó un informe titulado "Armonización de la actividad industrial con el medio ambiente”. El informe, resultado de “seis años de investigaciones, aplicación de políticas experimentales y observaciones directas”, califica a PT Indah Kiat Pulp and Paper, propiedad de Asia Pulp and Paper, de “afortunada historia”.
El herbicida glifosato fue identificado en 1974 por John Franz, un científico que trabajaba para la multinacional agroindustrial Monsanto, con sede en Estados Unidos. Hoy Monsanto se jacta de que sus productos a base de glifosato, con inclusión del herbicida Roundup, están “entre los herbicidas más usados del mundo”.
El día 23 de junio de 2005, la Asociación pola defensa da Ria de Galicia, le hizo llegar a la delegación del FSC en España una carta en la que se solicita la “urgente cancelación de la certificación de la gestión forestal sostenible concedida a NORFOR, dadas las profundas deficiencias del informe de certificación y la clara inadecuación del sistema de gestión de NORFOR a los principios y criterios de FSC”.
La empresa NORFOR es una filial de la empresa española Ence (productora de celulosa) que fuera certificada en abril del 2005.
No nos confundamos. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de un “ambiente favorable”, se refiere a los negocios, a un ambiente favorable para la inversión extranjera directa, por medio de las operaciones de bolsa, o indirecta, a través de las operaciones de compañías transnacionales.
Nuevas políticas, viejos problemas. Ya desde la década de 1970 el Banco Mundial viene esforzándose para definir una forma de encarar los bosques que reconcilie su declarado compromiso de aliviar la pobreza con su promoción del “desarrollo” a través de modelos verticales de crecimiento y comercialización. Los modelos de desarrollo de libre mercado, fundados en el derecho a la propiedad privada, no concuerdan con las formas convencionales de encarar la actividad forestal.
Desde su fundación en 1956, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado más de US$ 44 mil millones de sus propios fondos y movilizado otros US$ 23 mil millones en forma de préstamos a 3.143 empresas en 140 países. Según su declaración de principios, la CFI existe para promover “inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo como una manera de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente”.
La globalización, un proceso liderado por corporaciones a lo largo del mundo, ha tenido inmensos impactos sociales y ambientales negativos, particularmente en el Tercer Mundo.