El cambio climático no es un desastre natural. Es el resultado de decisiones, prácticas y políticas adoptadas y mantenidas por un número relativamente pequeño de actores, básicamente para beneficio de sus propios intereses. Sin embargo, sus consecuencias son mundiales y tienen mayor impacto en los lugares y comunidades que tienen la menor responsabilidad en la creación de la crisis.
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Este artículo de REDD-Monitor analizó la aprobación del mecanismo del Acuerdo de París para un mercado mundial de carbono el primer día de la última conferencia climática de la ONU en Baku. Con un texto que muchos encontrarían “confuso”, las reglas creadas “sobre la marcha” reflejan un proceso en el que el Órgano de Supervisión del Artículo 6.4 excedió su mandato para establecer los estándares para el mecanismo. Sin embargo, independientemente de cómo haya sido el proceso de redacción y aprobación, el mecanismo está destinado a confundir y a empeorar la crisis climática.
En su último libro, Cassandra, activista de larga trayectoria contra los mercados de carbono, reúne información importante sobre la “sobredosis” de falsas soluciones a la actual emergencia climática. ¿Quiénes son los responsables de la crisis actual? ¿Qué han hecho para librarse de su responsabilidad mientras obtienen beneficios y destruyen los medios de vida de la gente? Mediante la presentación de casos pasados y recientes, el libro ofrece un análisis anticolonial de las crisis ambientales y destaca la resistencia de los pueblos indígenas y dependientes de los bosques.
En este reciente artículo, la organización Grain revela que el aumento de los proyectos de plantación de árboles, impulsado por la demanda de créditos de carbono por parte de las empresas, ha llevado a la conversión de más de 9,1 millones de hectáreas, principalmente en África y en países como Brasil e India.
En esta publicación, el Centro para la Integridad Pública (CIR, por sus siglas en inglés) revela que seis meses antes de su finalización, la iniciativa logró solo el 25% de la reducción de emisiones y el 14% de los objetivos de ingresos, con beneficios mínimos para las comunidades locales: alrededor del 3% de los beneficios esperados.
Reflexiones sobre una sentencia de bonos de carbono en la Amazonía Colombiana, por Censat Agua Viva.
La Articulação Agro é Fogo denunció el agravamiento de los incendios provocados, sistemáticos y orquestados, en la Amazonia y otros biomas.
En 2023, la administración del presidente indonesio Jokowi anunció un programa de producción de alimentos de 2 millones de hectáreas en el sur de Papúa, centrado en plantaciones de arroz y caña de azúcar. Esto supone ignorar que, en el pasado, programas similares resultaron un fracaso total, que solo produjeron ganancias para las empresas y un acaparamiento masivo de tierras así como violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
Recientemente, la Alianza Informal contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África occidental y central publicó una nueva versión resumida de la cartilla “Promise, divide, intimidate, and coerce: Tactics palm oil companies use to grab community lands. Summary Edition” (Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: tácticas que utilizan las empresas de aceite de palma para apoderarse de las tierras comunitarias).
El pasado 5 de julio, 2024, tres familias campesinas fueron violentamente desalojadas en el Paraje San Lorenzo 2, en el municipio de Wanda, en la provincia argentina de Misiones. El desalojo fue llevado a cabo por la Policía provincial, en colaboración con la multinacional Arauco. Durante el operativo, destruyeron la chacra de diez hectáreas que era el sustento de las familias desde hacía una década. Derrumbaron y quemaron las casas, los cultivos, gallineros y chiqueros.
El 23 de julio de 2024, el presidente indonesio Jokowi plantó la primera caña de azúcar de otro megaproyecto en la regencia de Merauke, en la provincia de Papúa del Sur. Según afirma, el proyecto ayudará a abordar las crisis alimentaria y climática mundiales.
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos hizo pública recientemente su histórica sentencia sobre el derecho de los pueblos indígenas Batwa a regresar a su hogar ancestral, del que fueron expulsados violentamente cuando se creó el Parque Nacional Kahuzi-Biega en el este de la República Democrática del Congo.